sábado, febrero 14, 2009

Garzón, el mercachifle de la judicatura


Uno de los principios básicos y sagrados en la justicia es la imparcialidad y neutralidad en los procedimientos. Es decir, el trato igual por parte del juez ante hechos y circunstancias iguales. La Constitución española consagra en su artículo 14 el principio de igualdad ante la ley. Un buen sistema judicial debe garantizar con eficacia la independencia e imparcialidad del juez en la resolución de conflictos evitando la politización de la judicatura. Un juez debe aplicar estrictamente la norma jurídica en virtud de pruebas. Está sujeto a error y a corrupción como cualquier ser humano y a responsabilidad civil y penal ante los propios conciudadanos. Sus resoluciones o conductas inaceptables deben ser criticadas. Debe estar dotado de gran prudencia, honestidad, sentido común, clara sensatez y carencia de protagonismo en la función de juzgar. Además de un respeto a la norma y al procedimiento por encima de teorías, ideologías u opciones políticas personales. Las decisiones judiciales tienen un efecto directo e inmediato en la sociedad, deben realizarse de forma sosegada y sin filtración a los medios para evitar el juicio mediático.

Garzón, una vez más, con la presunta corrupción de personas vinculadas al Partido Popular (P.P.) ha actuado como un mercachifle de la judicatura, un vendedor ambulante que con su resonancia clamorosa ha lesionado el prestigio de la institución y ha invadido campos ajenos. Ha evidenciado un bajo perfil moral al actuar en plena campaña electoral produciendo un efecto político pernicioso contra el P.P. y obteniendo réditos electorales para el P.S.O.E.. Es de dominio público que cesó temporalmente en la judicatura y se manifestó orgánicamente vinculado al Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) y en este caso, ha trasladado su idea política al ámbito de las actuaciones judiciales. Ha quebrado de forma escandalosa el principio democrático de la independencia de poderes. Es un juez habituado a hacer política en el juzgado, en lugar de derecho, y sin presentarse a las elecciones. Ha adecuado el ámbito de la jurisdicción a sus intereses y aspiraciones infringiendo alevosamente las normas aplicables e invadiendo el poder político. Es un mercenario del derecho con disfraz político.

Es obvio que en una democracia los jueces tienen opinión política propia. Preguntada sobre esta a la juez Boizette en Francia respondió: Como todo ciudadano tienen derecho a tener opiniones, pero los usuarios de la justicia no tienen que conocerlas. Por ejemplo yo he tenido cuidado siempre de no permitir que ande un periódico sobre la mesa de mi despacho. No quiero que se sepa si leo Le Monde, Le Figaro u otro. La confianza en la justicia, las garantías del sistema, incluso el rigor ideológico y la independencia se salvaguardan en Francia. Aquí, Garzón ha convertido las garantías, la independencia y la neutralidad exigible en una farsa representada en vergonzosas cacerías con el ministro de Justicia y el jefe de la Policía Judicial.

Hay que combatir toda clase de corrupción política, incluida la del P.S.O.E. y depurar todas las responsabilidades, sin excepción. Que la Fiscalía Anticorrupción y Garzón investiguen "Villa PSOE" en la Isla de Arosa, donde entre otros dirigentes del PSOE tiene un ático en construcción Pepiño Blanco, en un pinar, a pie de playa y a menos de 100 metros del mar que vulnera la Ley de Costas y otras presuntas irregularidades en altura. Esta especie de bunker, por la tipología constructiva, destroza el paisaje de costa gallego. Posteriormente se han derribado otros edificios irregulares que incumplen la Ley de Costas y están más alejados de la orilla. El alcalde socialista justifica la construcción de este bloque de viviendas argumentando que la licencia estaba concedida antes de la aprobación de la Ley de Costas. ¡Qué descaro!

Garzón ha convertido la justicia en un mero espectáculo. Les recomiendo en este mismo blog, la "garzonada" narcisista o la abominable justicia. El poder despótico de Garzón representa un serio peligro para la libertad y seguridad jurídica. Ha ensuciado políticamente la tarea de la justicia atentando contra la independencia e imparcialidad del juez.