Esta es una frase del poeta latino Juvenal nacido en el año 60 d.C. que significa ¿Quién vigilará a los vigilantes? ¿Quién custodiará a los que custodian? Yo creía, en mi madura ingenuidad, que el Tribunal Constitucional era el garante del orden constitucional y que sus decisiones afianzaban el sistema democrático frente a los abusos del poder ejecutivo o de la propia mayoría parlamentaria. Incluso, pensaba, que sus sentencias deben respetarse cuando afectan a la organización o desarrollo del Estado autonómico o a los derechos fundamentales. Pero nuestro iluminado presidente de Gobierno, Rodríguez Zapatero, se ha convertido en vigilante y custodio del propio Tribunal Constitucional, con motivo de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, y ha prometido sortear o burlar los aspectos inconstitucionales con el desarrollo de leyes orgánicas. Decía mi admirado Oscar Wilde que el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera. Pero sufrir por propias culpas, ésa es la pesadilla de la vida.
Imagino que la ley orgánica de octubre de 1978 que crea el Tribunal Constitucional que no he leído ni conozco, debe garantizar al juez y árbitro del orden constitucional, autonomía, independencia e imparcialidad que son las facultades o virtudes de todo árbitro. Pero los silencios del propio Tribunal tras las graves declaraciones del malhadado presidente ponen en duda su imparcialidad. ¿Cómo va a hablar el Tribunal si su designación corresponde a los órganos políticos de naturaleza representativa? ¿Cómo va a callar a su propio jefe? ¿Quién limita y controla al Tribunal Constitucional? El propio Gobierno. Luego su función estatal, precisa y concreta de control al ejecutivo queda anulada por el propio ejecutivo. Mientras no cambie el sistema de designación de los magistrados, el Tribunal Constitucional es un órgano politizado, sin autonomía, ni independencia real ni imparcialidad. Y a pesar del prestigio profesional como grandes juristas, sus sentencias no son de carácter jurisdiccional sino políticas. Por eso Rodríguez Zapatero las combate con argumentos políticos y así tenemos un Tribunal Constitucional completamente desvirtuado con vinculación total a la lógica partidista. Es decir, fraccionado, politizado y partido. Más grave aún, los valores constitucionales están supeditados a los intereses partidistas. Un Tribunal Constitucional de esta naturaleza no ofrece seguridad jurídica sino inseguridad y escasa o nula legitimidad a los españoles.
