Las Cajas de Ahorros se implantan en España en el año 1838 en que se crea la de Madrid. Sus objetivos y fines eran inicialmente benéficos. Surgen como remedio a los problemas económicos creados en los montes de piedad. En sus orígenes, su configuración jurídica estaba avalada por la filantropía, la beneficencia y la caridad. Pero estas virtudes cristianas de amor al género humano nada tienen que ver en la actualidad con el interés que es el lucro producido por el capital o con el crédito o buena reputación que sólo tienen los que se denominan Díaz de Mera, Barco, Álvarez, Méndez Pozo o González Villarejo o Colonial, Lábaro, Astroc, Global Cartera de Valores, Martinsa como acaba de ocurrir en la Caja Castilla-La Mancha. Algunos amigos de infancia de José María Barreda, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, o del presidente de la Caja, Hernández Moltó, tienen el privilegio de recibir cientos de millones de euros de la Caja para que inviertan en proyectos ruinosos y producir el hundimiento de la Caja, salvada con fondos públicos. Y, además, se les premia en la Comunidad como empresarios modélicos.
Nada importa. Las Cajas no tienen propietarios. Son tierra de nadie. Entes de naturaleza social en manos de los poderes públicos para echar una mano a los amiguetes. Estamos asistiendo en la Comunidad de Madrid a una bochornosa pugna política por el control de los órganos rectores y de gobierno de la "benéfica" Caja de Madrid que ya ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. A los pequeños y medianos empresarios, las Cajas nos piden toda clase de garantías o avales personales para darnos un módico préstamo, y si estamos en el 6% ó 7% de morosidad nos obligan a la cancelación inmediata o nos amenazan con la demanda ejecutiva o el juicio sumarísimo. En Caja Castilla-La Mancha 20 camaradas adeudan 3.000 millones de euros que pueden ser fallidos. A esto en términos económicos se le llama diversificación del riesgo. ¿Dónde quedan las responsabilidades penales o políticas de los gestores? Los filántropos sindicatos CCOO y UGT piden que cesen los debates sobre Caja Castilla-La Mancha y se establezcan marcos de diálogo con todas las partes implicadas. ¿Diálogo? Responsabilidades, restitución o devolución y cárcel.
¿Cuándo se va a reformar la naturaleza jurídica de las Cajas? Es urgente que se inserten en el ámbito societario. La mejor obra social es el pago de impuestos. Se han convertido en elementos esenciales del sistema financiero español y deben estar privatizadas y gestionadas por buenos profesionales. Deben desaparecer los privilegios y las inmunidades. La pugna de intereses políticos obedece a la ausencia de títulos de propiedad. Es un bocado exquisito que justifica la presencia pública. Con la privatización se frenan los abusos políticos. Si su objetivo es el lucro y el beneficio que entren en el régimen general de empresas que consagra el artículo 38 de la Constitución, dentro de la economía de mercado. La realización de una obra social de interés general y el lucro de la actividad crediticia son incompatibles. Nacieron para la propagación del ahorro y la concesión de créditos a las personas más desfavorecidas y ya vemos en lo que se han convertido. Han alterado sus fines sociales. El cambio cualitativo exige la reforma de su naturaleza jurídica. No es necesaria la intromisión pública en entidades eminentemente privadas. ¡Sociedades mercantiles, con urgencia!
